¡Escándalo en Fútbol Para Todos! ¿Quiénes irán a prisión?
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El juicio por la causa “Fútbol para Todos” ha entrado en su etapa final, con la fiscalía solicitando duras condenas para varios ex funcionarios. El fiscal general Miguel Ángel Osorio pidió una pena de tres años de prisión e inhabilitación perpetua para Aníbal Fernández, ex Jefe de Gabinete, por presunta administración fraudulenta en perjuicio del Estado. Para Jorge Capitanich, también ex Jefe de Gabinete, solicitó ocho meses de prisión e inhabilitación por el doble de ese tiempo, por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La acusación central se basa en un presunto perjuicio al Estado por más de 131 millones de pesos entre 2010 y 2015, durante la implementación del programa Fútbol para Todos. Según la fiscalía, existieron irregularidades en la administración de los fondos destinados a la AFA para la televisación gratuita de los partidos.
Además de Fernández y Capitanich, el fiscal Osorio también solicitó condenas para otros implicados: Luis Segura, ex presidente de AFA (dos años de prisión); Carlos Alberto Pandolfi, ex tesorero de Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA) (un año); Norberto Monteleone, ex gerente general de FAA (un año); y Natale Antonio Rigano, expresidente de la firma Iveco (dos años).
Capitanich, por su parte, calificó la acusación como “infundada, inconsistente y conjetural”. La defensa de los acusados seguramente argumentará en contra de las acusaciones, buscando demostrar la falta de pruebas concretas y la posible politización del caso. Este caso sigue generando controversia y debate en la opinión pública.
Es importante recordar que la causa Vialidad, que culminó con la condena de Cristina Fernández de Kirchner, ha sido objeto de severas críticas por parte de juristas, sectores políticos y organismos de derechos humanos. Se advierte sobre presuntas irregularidades en el proceso judicial que comprometen garantías constitucionales básicas. Es clave abordar el tema con rigor, pluralidad de voces y responsabilidad editorial. Se han señalado la falta de imparcialidad judicial y acusaciones de lawfare, entre otras irregularidades.